Villablino (León) -El Ayuntamiento de Villablino (León) ha impuesto una sanción a la empresa Minerosiderúrgica de Ponferrada (MSP) de 170 millones de euros por explotar sin licencia durante una década la mina a cielo abierto "El Feixolín", la multa más elevada del país por un delito medioambiental.

Así lo aseguró hoy a Efe el alcalde de Villablino, Guillermo Murias (IU), quien manifestó que la Policía Municipal informó a los responsables de la empresa, propiedad de Victorino Alonso, de la imposición de esta sanción, contra la que se podrán presentar alegaciones en el plazo de diez días.

Explicó que la cuantía está basada en el "cálculo del carbón que ha explotado esta empresa durante diez años y el beneficio que haya podido generar esta actividad", en total, "170 millones de euros".

"La propia normativa te obliga que la sanción no puede ser menor que el beneficio que haya obtenido por una actividad ilícita durante el tiempo que se ha realizado", afirmó Murias.

Este expediente se inició en cumplimiento de una sentencia judicial, dictada en abril de 2006, por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de León, que resolvió que esta explotación a cielo abierto "no se podía legalizar y que había que paralizarla", recordó el regidor.

Además, el mismo juzgado estableció que "el Ayuntamiento tenía que abrir dos expedientes sancionadores, uno por delito ambiental y otro urbanístico".

A partir de esta sentencia, Murias explicó que el Ayuntamiento trabajó "en dos vías" para, por una parte firmar el decreto de paralización y por otra iniciar un expediente sancionador por un delito ambiental y otro urbanístico.

Según Murias, la empresa hizo caso omiso y no clausuró la explotación, por lo que "solicitamos a la Junta información sobre cómo se cerraba esta mina".

Ante ello, la Administración autonómica "dictó una resolución en la que expresaba que la empresa necesitaba 10 meses para restaurar la explotación y cerrarla".

El Ayuntamiento remitió la resolución de la Administración autonómica al Juzgado, desde donde se dio el visto bueno, según Murias, que recordó que los diez meses finalizan en marzo de 2007.


Paralelamente a esto, el Ayuntamiento inició un expediente sancionador por un delito ambiental y urbanístico.

Esta misma mañana, la Policía Local comunicará la sanción al responsable de la empresa, dijo el regidor, quien señaló que "tenemos que hacer esto en base al cumplimiento de la sentencia".

A partir de hoy, la empresa dispone de diez días para presentar alegaciones al pliego de cargos; posteriormente el Ayuntamiento tiene que resolverlo, tras lo que la empresa podrá recurrir al contencioso-administrativo.

En este último punto, ya tendrá que depositar un aval o pagar la sanción.

En esta explotación, trabajan de forma directa unos 90 trabajadores, según Murias, quien explicó que MSP tiene en sus instalaciones del valle de Laciana unos 1.000 trabajadores distribuidos en otras explotaciones, una de ellas en cielo abierto, pero que está en otra zona.

Con el de MSP son ya 3 casos de multas millonarias empresas delito ambiental

Madrid - Con la petición de una sanción de 170 millones de euros a Minerosiderúrgica de Ponferrada (MSP) por explotar sin licencia una mina, son ya tres las multas millonarias en España a distintas empresas por delito ambiental.

El ayuntamiento de Villablino (León) ha impuesto la sanción a MSP por explotar sin licencia durante una década la mina a cielo abierto "El Feixolín".

Las dos máximas sanciones que se habían impuesto hasta la fecha por delito ambiental en España son contra Bolidén, por su vertido en Aznalcóllar (Sevilla), y contra la Gravera de los Angeles S.A. por daños medioambientales en el Parque Regional del Sureste (Madrid).

El Consejo de Ministros impuso en agosto de 2002 a Bolidén-Apirsa una sanción de 45.077.510,51 euros por los vertidos tóxicos al río Guadamar tras la rotura de la balsa de Aznalcóllar.

La multa incluía la indemnización por daños al dominio público hidráulico y la reposición de las zonas afectadas a su estado anterior a los vertidos incontrolados.

Sin embargo, en 2004, el Tribunal Supremo rebajó hasta los 43.724.738 euros la sanción, al estimar parcialmente el recurso de Bolidén.

El accidente se produjo el 25 de abril de 1998, cuando reventó el depósito de residuos piríticos de las minas de cobre, plomo y zinc de Aznalcollar (a 45 kilómetros de Sevilla).

El accidente provocó la salida incontrolada al río Guadamar de cinco millones de metros cúbicos de lodos, con arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados.

El vertido contaminó las Marismas y el Parque Nacional de Doñana, quedando inundados por los lodos los alrededores de los 40 kilómetros del cauce del río Guadamar.

El año pasado, el 13 de octubre, la Comunidad de Madrid sancionó con 2,6 millones de euros a la Gravera de los Angeles por dañar el Parque Regional del Sureste, situado en el eje de los ríos Manzanares y Jarama, en una zona calificada como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

Además, la Comunidad determinó que la gravera debía restaurar, antes de dos años, cinco hectáreas de terreno repartidas en ocho parcelas sobre las que realizaba extracciones de áridos sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental y donde había provocado afecciones a los acuíferos subterráneos.




Nota: noticia recogida de agencia EFE , por Francisco molina